Movimientos sociales de América Latina y el Caribe debatieron en
consulta regional sobre cuáles son las inversiones necesarias
para el desarrollo rural
- ¿Se puede hablar de “responsabilidad” en una inversión que toma los
territorios como fuente de lucro? ¿Deben los estados que integran la
Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) legitimar el acaparamiento de tierras o recursos acuíferos con una
“certificación” de responsabilidad? ¿Cuáles son las políticas de
recursos públicos necesarias para un verdadero desarrollo rural?
Entre otras varias éstas fueron las preguntas que se formularon los
pasados días 7 y 8 de agosto en Bogotá, Colombia, las organizaciones que
acudieron a una consulta continental para discutir sobre el concepto de
Inversión Agrícola Responsable (IAR) que viene elaborando el Comité
Mundial de Seguridad Alimentaria.
Y el punto de partida, claro, fue la realidad de un continente y una
región caribeña plagado de megaproyectos agrícolas de gran escala que
desplazan a campesinos y pueblos originarios, megarepresas
hidroeléctricas que sumergen poblaciones milenarias o empresas
trasnacionales que inundan de semillas transgénicas la biodiversidad de
la región.
Ante ello, resultó muy claro el hecho de que las organizaciones
convocadas a consulta por sus representantes ante el Mecanismo de la
Sociedad Civil (MSC) que funciona en el Comité de Seguridad Alimentaria
Mundial (CSA), manifestaron una visión crítica del concepto de IAR,
comparándola en algunos casos con el de Responsabilidad Social
Empresarial mediante la cual algunas empresas buscan mitigar o maquillar
los efectos de sus políticas sobre las comunidades.
En ese sentido, Valter Da Silva, de la Coordinadora Latinoamericana de
Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina) señaló que tras las
inversiones autodenominadas “responsables” hay una política de
criminalización de la producción de semillas criollas y campesinas ya
que amenazan los monopolios empresariales. En ese sentido, indicó que se
requieren políticas de inversión pública para el fomento de la
producción de este tipo de semillas.
En su reflexión, Da Silva subrayó la importancia de la discusión en
materia de los principios que a juicio de las organizaciones que
reivindican la Soberanía Alimentaria deberían seguir las inversiones
–públicas y privadas- en agricultura, aunque manifestó sus dudas
respecto al eco que esas definiciones puedan alcanzar en el marco del
CSA como políticas globales que obliguen a los Estados a proteger la
producción campesina.
Por su parte, Javier Rivera, campesino de la región de Tuluá en el Valle
del Cauca y coordinador del Movimiento Agroecológico de América Latina y
Caribe (MAELA) a nivel de la región Andina señaló que el concepto de
responsabilidad ha servido para obtener recursos de cooperación
internacional que rara vez llegan a las comunidades a cumplir su
cometido real.
Y opinó que la recientemente creada Alianza por la Soberanía Alimentaria
debería generar insumos y herramientas “para que desde las bases se
tenga la posibilidad de hacerle frente a esas políticas y a esas
inversiones” que en el caso de Colombia han servido para desplazar
campesinos y sustituir la producción alimentaria por varios aspectos del
agronegocio, entre ellos la producción de agrocombustibles.
La Alianza por la Soberanía Alimentaria cuenta con varios representantes
sub-continentales en el Mecanismo de la Sociedad Civil que llevarán a
ese ámbito de funcionamiento en Roma, Italia, los principios emanados de
la Asamblea, así como las definiciones alcanzadas en el marco de esta
Consulta realizada con posterioridad a la misma, lo cual ocurrirá en el
próximo mes de octubre.
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