lunes, 2 de enero de 2012

MONSANTO V.S MINISTERIO DE AGRICULTURA



POR FATIMA PORTORREAL*






La agricultura orgánica ha sido una meta de los/as productores/as de alimentos en República Dominicana. Una meta propiciada por las bondades que ofrecen los sistemas agrarios que buscan la sostenibilidad socioambiental. Este tipo de agricultura forma parte de un nuevo paradigma, un modelo que facilita volver a las viejas prácticas agrarias de los abuelos sin necesidad de utilizar pesticidas, abonos o uso intensivo de riego.


Las cifras son alentadoras. El país dedica 149 mil hectáreas y las propuestas son alcanzar mayores extensiones en la zona montañosa y llana que presentan fragilidad ambiental o están próximas a las áreas protegidas. Es importante este tipo de agricultura porque da equilibrio entre los sectores ambientalistas y productivos que comparten la meta de preservar la naturaleza y la sostenibilidad de la vida en general.


Según el Ministerio de Agricultura hay pequeños, medianos y grandes productores/as, ellos calculan unos 23 mil 360 productores y productoras de productos orgánicos. República Dominicana tiene la primacía en exportaciones de cacao y guineo.


Sin embargo, la posibilidad de dañar y destruir la producción orgánica en el país está a la vuelta de la esquina por un convenio comercial con una subsidiaria de Monsanto, la empresa Ruiter Seeds. Esto tendrá implicaciones graves para el medio ambiente y la producción nacional agropecuaria que parte del paradigma de sostenibilidad. Se viola la ley No. 64-00 y todos los acuerdos de precaución que han sido ratificados por el Estado para proteger el patrimonio genético.


Las implicaciones tienen repercusiones en todos los niveles de la vida social, económica, cultural y ambiental. No estamos locos /as cuando queremos defender la vida de nuestros descendientes por varias generaciones, ya que peligra nuestras bioseguridad.


Tanto el Ministerio de Agricultura como la Junta Agroempresarial se desvinculan de tal acuerdo comercial, pero estaban presentes miembros de ambas instituciones amparando dicha alianza. Hay una falta de transparencia, pues las aclaraciones públicas no convencen a nadie. La reacción sólo se ha dado cuando han sido interpelados por la Articulación Nacional Campesina y medios de comunicación, entre otros.


Las soluciones propuestas por las autoridades del Ministerio de Agricultura son requerirle a la Monsanto una certificación de que sus semillas no sean transgénicas. Esto produce risa, porque todos y todas sabemos que Monsanto ha sido acusada por sobornos, mentiras y por introducir (OGM), abonos y paquetes tecnológicos infiltrados en todo el mundo para hacer dependientes a los productores y productoras agropecuarias. ¿Está el Ministerio de Agricultura pidiéndole al ladrón que certifique que no es ladrón?


Aclaremos un caso. Recordemos lo que ocurrió en la India, en un período de hambruna. Se distribuyeron organismos modificados genéticamente con la ayuda de organizaciones no gubernamentales o agencias para el desarrollo--tales como la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID)--y se repartió entre los pobres campesinos y campesinas que pasaban hambre. Esto se realizó sin el consentimiento previo de la población (Arundhati Roy, 2004).


Los efectos producidos por tales hechos resultaron perniciosos para la economía local, ya que la semilla de Monsanto no puede ser reproducida y requiere ser comprada cada año. Igualmente provocó que especies tradicionales de la zona desaparecieran, a través de los procesos de polinización que expanden las especies transgénicas, y el daño del suelo y los sistemas naturales de hierbas silvestres que crecen junto a las plantas de Monsanto, las cuales están cargadas de pesticidas.


La empresa Monsanto no le hace caso a las necesidades de los agricultores, ni a las leyes ambientales. No tiene ningún compromiso con las comunidades rurales, ni con el desarrollo tradicional que se ha implementado durante siglos en las zonas rurales. Su única meta es la acumulación de capital con la introducción de sus productos en el mercado. Son un monopolio y quieren tener el control del patrimonio genético del mundo.


Han sacado patentes hasta de de los materiales genéticos de grupos indígenas del mundo (Harper´s Magazine). Por tanto el genoma humano, vegetal y animal se ha patentizado y comercializado sin el consentimiento de la población. A Monsanto no le interesa los híbridos, mas sí la modificación genética de los productos que eventualmente consumimos todos.


La agricultura orgánica en República Dominicana está en peligro. La decisión la tiene el ministro de agricultura de romper este odioso convenio y hacer pruebas a las semillas que se sospecha que tienen material genético artificialmente modificado. La historia hablará del impacto de su gestión en la defensa de la bioseguridad y su juicio será severo, si permite la entrada de Monsanto a la República Dominicana y a la región, dado que ese material genético no conoce fronteras. Esperamos su respuesta.






v Agradezco la colaboración de mis amigas Irmary Reyes Santos y Ana Lara.




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